Disidencia no es sinónimo de desorden

Este artículo fue escrito expresamente para el semanario “La Nueva República” del partido Cuba Independiente y Democrática (CID). Fue editado por necesidades editoriales de dicha publicación con la total aprobación del autor.

Las instituciones que velan por el orden público son necesarias para garantizar el buen funcionamiento de cualquier sociedad humana. El Estado, representado por estas organizaciones, debe garantizar el cumplimiento de ciertas leyes, cuyo objetivo primordial no es otro que hacer valer los derechos –como también hacer cumplir los deberes– de todo ciudadano.
La policía es una herramienta que vela por ese orden, establecido legítimamente. Es un cuerpo que existe en todos los países más o menos civilizados, y que debería ejercer, en caso ideal, las importantes tareas de servir y proteger. La policía, con toda razón, debe garantizar la vida, la propiedad y el derecho.
Con este preámbulo, sobreviene una pregunta: ¿cuál es el orden legítimamente establecido en Cuba sobre el cual la policía tiene el deber de velar?
El primer tropiezo para cualquier legitimidad del orden en la Cuba de hoy se encuentra en lo ambiguo de los conceptos de Estado, Gobierno y Partido, que se mezclan arbitrariamente, desdibujando cualquier marco jurídico favorable al derecho ciudadano que es, por naturaleza propia, opuesto a los poderes absolutos.
Pero el orden establecido en 1959, y solo instaurado legalmente en la Constitución de la República de Cuba de 1976, desconoce derechos humanos fundamentales como los de expresión o asociación. Más bien, aquel orden está compuesto por un pequeño grupo casi invariable de personas que dirigen el país desde hace décadas sin elecciones creíbles o partidos de oposición reconocidos.
Por lo tanto, los “agentes del orden” actúan en representación de un Poder excluyente, incapaz de asimilar cualquier manifestación contraria a la única ideología impuesta. Desgraciadamente, un órgano como la Policía debe dejar de perseguir verdaderos criminales, para reprimir a pacíficos manifestantes o grupos opositores que demandan, en resumidas cuentas, un país mejor para todos.
En las sociedades libres, que conservan los mismos compromisos cívicos de los cuales el gobierno de Cuba es signatario, las manifestaciones antiestablishment se suceden a diario, mientras los uniformados se limitan a contemplar que éstas se desarrollen exentas de eventos lamentables. Es más, se ve como algo abominable que ocurran golpizas o arrestos, y las protestas ante esos comportamientos sicarios se denuncian de inmediato en los medios de comunicación, incluso locales.
En Cuba, los agentes del orden pertenecientes a la Policía Nacional Revolucionaria, deberían ser un ejemplo de civismo similar. Ellos cumplen la función de perseguir y castigar delincuentes. Eso es necesario e importante. Lo que no deberían hacer es reducir mediante golpes, arrestos arbitrarios o cualquier otro tipo frecuente de represión, a los ciudadanos que se expresan por una apertura política e ideológica, a los activistas de cualquier partido político opositor y en fin, a cualquier individuo que se exprese independientemente.
Y no lo deberían hacer, además, por un motivo fundamental: la oposición en Cuba es, en esencia, no violenta, conciliadora y nacionalista. El uso de la fuerza y del terror tiene asegurada su derrota moral al combatir contra semejantes armas de la virtud.

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